Máximas de Jurisprudencias de la SCP del TSJ. 06 de marzo de 2025

06 de Marzo de 2026:

N° de Expediente: A26-19 N° de Sentencia: 096

Tema: Avocamiento

Materia: Derecho Procesal Penal

Asunto: La figura de la recusación o la presentación de reposos médicos, no configuran por sí mismos, actos que deban interpretarse como actuaciones irregulares, cuyo objetivo sean “dilaciones injustificadas” del proceso, que justifiquen la solicitud de avocamiento.

Ver Extracto: 

"(...) se pudo constatar que en lo atinente a los planteamientos esbozados con anterioridad, que la solicitante presentó una serie de consideraciones alusivas, en primer lugar, a situaciones propias del debate del juicio, concretamente cuando señala que “ni el Ministerio Público ni la víctima” pudieron señalar cuales fueron esos “artificios” empleados por sus defendidos a efectos de evidenciar la configuración del delito atribuido en las acusaciones presentadas.

En otro orden de ideas, cabe acotar que lo expuesto en la presente solicitud de avocamiento, relacionado a unas aparentes “dilaciones injustificadas”, en ocasión a la tramitación de varias figuras procesales o actos procesales, lo alegado por la solicitante no es suficiente para acreditar vicios de tal magnitud o envergadura que implique que la Sala deba subvertir el orden procesal en la presente causa, dado que el uso de los diferentes mecanismos procesales, contemplados en el ordenamiento jurídico, como la figura de la recusación o la presentación de reposos médicos, no configuran por sí mismos, actos que deban interpretarse como actuaciones irregulares, cuyo objetivo sea la dilatación del proceso; por lo que, las apreciaciones de las partes en cuanto a la finalidad subyacente que pueda percibir del uso de tales mecanismos, constituyen alegatos de carácter subjetivos; lo que conlleva a que la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia número 393, del 14 de julio de 2025, señalara entre otras cosas, lo siguiente:

“…Conforme a lo expuesto, la naturaleza discrecional y excepcional del instituto procesal del avocamiento, debe emplearse con criterios de interpretación restrictiva que permitan el uso prudente de esta facultad, la cual debe ser ejercida sólo cuando deba impedirse o prevenirse situaciones que perturben de forma flagrante el orden institucional y constitucional, que justifiquen la intervención de alguna de las Salas de este Tribunal Supremo, con objeto de subsanar, corregir y restablecer el orden procedimental subvertido, evitando conflictos, confusión, zozobra colectiva, o que de algún modo puedan entorpecer la actividad pública…”.

De igual forma, esta Sala advierte que si bien la solicitante hace referencia a la presentación de una acción de amparo, indicando que la misma, al momento de los hechos, fue presentada sin que las partes pudieran demostrar un poder que los acreditara para ejercer tal figura procesal, dichos señalamientos, solamente se limitan a realizar tal afirmación, sin presentar elementos suficientes que permitan acreditar lo señalado, más allá de lo adverso del fallo".

N° de Expediente: C25-590 N° de Sentencia: 102

Tema: Inmotivación

Materia: Derecho Procesal Penal

Asunto: Cuando se denuncia en casación el vicio de inmotivación es obligación de los recurrentes indicar cómo los juzgadores incumplieron con su deber de ofrecer a las partes una solución racional, clara y, entendible, sobre el punto controvertido.

Ver Extracto: 

"(...) en el presente caso los recurrentes denuncian el vicio de inmotivación, invocando el artículo 157 del Código Orgánico Procesal Penal, el cual, según su decir, fue infringido por falta de aplicación, centrando su denuncia en presuntas infracciones cometidas por el Tribunal de Alzada, más no explican de forma clara y precisa como dicha normativa debió ser aplicada y cuál fue su relevancia en el fallo recurrido, situación que no ocurrió en el presente caso, denotándose una total confusión en torno al correcto planteamiento de la denuncia, impidiendo que la Sala pueda conocer el fondo de su pretensión.

En este orden de ideas y enfatizando lo antes señalado, resulta importante insistir que al plantearse la denuncia por el vicio de violación de la ley por falta aplicación, es imperativo el cumplimiento previo de una serie de requerimientos a los fines de su estimación, siendo necesario que los recurrentes señalen de manera expresa, cual precepto debió ser aplicado, cómo debió ser aplicada por el sentenciador, así como, la exposición de una fundamentación razonada que permita considerar que la norma denunciada era la que correspondía ser aplicada a la controversia, contrastando esas circunstancias con los preceptos legales aplicados en el fallo recurrido, requisitos estos indispensables para que esta Sala de Casación Penal pueda proveer lo solicitado, ya que no le corresponde interpretar las pretensiones de los accionantes, ni suplir los vacíos en los planteamientos y fundamentos."

Dr. ROGER LOPEZ. Sobre su postulación al cargo de Fiscal General de la República.

Venezuela no solo exige justicia, exige restitución.

Hoy presento formalmente mi postulación al cargo de Fiscal General de la República. Mi trayectoria como Abogado Especialista en el ejercicio de la función fiscal y mis estudios de cuarto nivel en Ciencias Penales y Criminológicas me otorgan la base técnica para asumir este desafío con la seriedad que el país requiere.

Mi plan de gestión se fundamenta en tres pilares innegociables:

1️⃣ Recuperación de Activos: No descansaremos hasta que los miles de millones de dólares que pertenecen a la nación y se encuentran en el exterior regresen a casa.

2️⃣ Inteligencia Financiera: Contamos con un equipo de élite capaz de rastrear flujos de capitales y desmantelar tramas de corrupción complejas.

3️⃣ Cooperación Internacional: Activaremos los mecanismos de repatriación para que esos recursos se inviertan directamente en salud, educación e infraestructura para todos los venezolanos.

La impunidad financiera tiene fecha de vencimiento. Es hora de una justicia eficiente que no solo castigue el delito, sino que repare el daño causado a la sociedad.

Es el momento de la reconstrucción institucional.

Abog. Roger López

Especialista en Ciencias Penales y Criminológicas y en el Ejercicio de la Función Fiscal.

¿Puede el Ministerio Público ejercer la acción civil por la víctima?

Sí, el Ministerio Público puede ejercer la acción civil en representación de la víctima o para proteger intereses del Estado y de la colectividad en situaciones específicas previstas en el Código Orgánico Procesal Penal.

De acuerdo con las fuentes, estas son las circunstancias en las que el Ministerio Público tiene esta competencia:

1. Por delegación de la víctima

Las personas que no cuenten con las condiciones socioeconómicas necesarias para demandar por su cuenta pueden delegar expresamente en el Ministerio Público el ejercicio de la acción civil para reclamar la responsabilidad civil derivada del delito. Asimismo, la víctima puede delegar su representación en el Ministerio Público para que actúe en su nombre en todos los actos procesales, incluyendo el juicio.

2. Representación de personas incapaces

El Ministerio Público tiene la obligación de proponer la demanda civil de forma directa cuando la persona que ha sufrido el daño sea un incapaz que carezca de representante legal.

3. Intereses colectivos o difusos

Cuando el hecho punible haya afectado intereses colectivos o difusos, la acción civil corresponde legalmente al Ministerio Público.

4. Delitos contra el patrimonio público

En los casos donde se vea afectado el patrimonio de la República, los Estados o los Municipios, la acción civil será ejercida por el Ministerio Público si el delito fue cometido por un funcionario público en el ejercicio de sus funciones. También le corresponde si hubo concurrencia de un particular con dicho funcionario en la comisión del hecho.

5. Delitos de corrupción

En los delitos previstos en la Ley contra la Corrupción, la pretensión civil debe ser formulada por el Ministerio Público de manera conjunta con la acusación fiscal o individualmente tras una sentencia condenatoria.

6. Inasistencia de la víctima al juicio

El Ministerio Público debe velar por los intereses de la víctima y ejercer su representación en caso de que esta no asista al juicio oral.

Es importante señalar que, aunque el Ministerio Público ejerza la acción, el Procurador o el Fiscal General pueden decidir que la acción sea planteada o proseguida por otros órganos del Estado o entidades civiles. En todos los casos, el ejercicio de la acción civil se realiza una vez que la sentencia penal quede firme, sin perjuicio del derecho de la víctima a demandar de forma independiente ante la jurisdicción civil.

Extracto de sentencia del TSJ sobre la Tutela Judicial Efectiva. Muy vigente

La Sala Constitucional en sentencia n.° 708/2001, del 10 de mayo, precisó lo siguiente:

“...El derecho a la tutela judicial efectiva, de amplísimo contenido, comprende el derecho a ser oído por los órganos de administración de justicia establecidos por el Estado, es decir, no sólo el derecho de acceso sino también el derecho a que, cumplidos los requisitos establecidos en las leyes adjetivas, los órganos judiciales conozcan el fondo de las pretensiones de los particulares y, mediante una decisión dictada en derecho, determinen el contenido y la extensión del derecho deducido, de allí que la vigente Constitución señale que no se sacrificará la justicia por la omisión de formalidades no esenciales y que el proceso constituye un instrumento fundamental para la realización de la justicia (artículo 257). En un Estado social de derecho y de justicia (artículo 2 de la vigente Constitución), donde se garantiza una justicia expedita, sin dilaciones y sin formalismos o reposiciones inútiles (artículo 26 eiusdem), la interpretación de las instituciones procesales debe ser amplia, tratando que si bien el proceso sea una garantía para que las partes puedan ejercer su derecho de defensa, no por ello se convierta en una traba que impida lograr las garantías que el artículo 26 constitucional instaura...”.

¿Qué ocurre si el imputado incumple el acuerdo reparatorio pactado?

Si el imputado incumple un acuerdo reparatorio o las condiciones de una suspensión condicional del proceso, las consecuencias varían dependiendo del momento procesal en que se pactó y el tipo de procedimiento, pero generalmente implican la reanudación del proceso o la condena inmediata.

A continuación se detallan las consecuencias según el caso:

1. Incumplimiento de Acuerdos Reparatorios

Cuando la reparación se pacta en plazos y el imputado no cumple en el lapso fijado (que no puede exceder de tres meses):

Continuación del proceso: Si el acuerdo se hizo en la fase preparatoria y no se cumple sin causa justificada, el proceso penal simplemente continuará su curso habitual.

Sentencia condenatoria inmediata: Si el acuerdo se realizó después de admitida la acusación (fase intermedia) o antes del debate en un procedimiento abreviado, el Juez o Jueza dictará directamente la sentencia condenatoria. Esta sentencia se fundamentará en la admisión de los hechos que el imputado debió realizar obligatoriamente al momento de formalizar el acuerdo.

Pérdida de lo pagado: En caso de incumplimiento, los pagos o prestaciones que el imputado ya haya efectuado a favor de la víctima no serán restituidos.

2. Incumplimiento de la Suspensión Condicional del Proceso

Si el acusado incumple injustificadamente las condiciones impuestas o el plan de reparación:

Revocatoria y Condena: El Juez revocará la medida y dictará la sentencia condenatoria, basándose en la admisión de los hechos realizada por el imputado al solicitar la suspensión.

Ampliación del plazo: Excepcionalmente, en lugar de revocar, el Juez puede optar por ampliar el plazo de prueba por un año más (por una sola vez), siempre que cuente con un informe del delegado de prueba y la opinión favorable del Fiscal y la víctima.

No devolución: Al igual que en los acuerdos, los pagos realizados no se devuelven al imputado.

3. Reglas Especiales para Delitos Menos Graves

En el procedimiento para delitos cuyas penas no exceden los ocho años, el incumplimiento se maneja de forma específica según el artículo 362:

Si el acuerdo fue en la audiencia de imputación: El Juez notifica al Ministerio Público para que este presente un acto conclusivo (como la acusación) en un lapso de sesenta días continuos.

Si el acuerdo fue en la audiencia preliminar: El Juez pasará directamente a dictar la sentencia de condena bajo el procedimiento de admisión de los hechos.

Otras consecuencias generales

Suspensión de la prescripción: Mientras el acuerdo o la suspensión están vigentes, la prescripción de la acción penal se detiene, por lo que el tiempo que duró el beneficio no cuenta a favor de la extinción de la causa por el paso del tiempo.

Revocatoria de medidas cautelares: El incumplimiento de acuerdos o condiciones también puede ser motivo para revocar medidas cautelares sustitutivas y, en ciertos casos de delitos menos graves, puede considerarse como un acto de contumacia o rebeldía.

SOBREVIVIR O LIDERAR. EVENTO

 

¿Qué requisitos debe cumplir un acuerdo reparatorio para ser válido?

Para que un acuerdo reparatorio sea válido y pueda ser aprobado por el Juez, debe cumplir con una serie de requisitos sustantivos y procesales establecidos en el Código Orgánico Procesal Penal:

1. Requisitos sobre el tipo de delito

El acuerdo sólo es procedente en los siguientes casos:

• Cuando el hecho punible recaiga exclusivamente sobre bienes jurídicos disponibles de carácter patrimonial.
• Cuando se trate de delitos culposos contra las personas (aquellos cometidos por imprudencia, negligencia o impericia).

2. Requisitos de Consentimiento y Verificación

Consentimiento libre: El Juez debe verificar que las partes (imputado y víctima) hayan prestado su consentimiento de forma libre y con pleno conocimiento de sus derechos.

Existencia del hecho: El Juez debe constatar que efectivamente se está en presencia de un hecho punible que encaje en los supuestos permitidos.

Opinión del Ministerio Público: Se debe notificar al Fiscal a cargo de la investigación para que emita su opinión sobre la viabilidad del acuerdo.

3. Requisitos según la fase del proceso

Fase Preparatoria: Puede aprobarse desde el inicio de la investigación.

Fase Intermedia o Juicio: Si el acuerdo se efectúa después de que la acusación haya sido admitida, el imputado tiene la obligación de admitir los hechos objeto de la acusación durante la audiencia preliminar (o antes de la apertura del debate en procedimientos abreviados).

4. Limitaciones Temporales

En el caso de delitos patrimoniales, solo se podrá aprobar un nuevo acuerdo a favor del mismo imputado si han transcurrido tres años desde la fecha de cumplimiento de un acuerdo anterior. El Tribunal Supremo de Justicia lleva un registro automatizado para controlar estas fechas.

5. Condiciones de Cumplimiento

Si la reparación se cumple en plazos o depende de conductas futuras, el proceso se suspende por un máximo de tres meses.

Consecuencia del incumplimiento: Si el imputado no cumple sin causa justificada, el proceso continuará. Si ya había admitido los hechos (en fase intermedia), el Juez dictará directamente la sentencia condenatoria.

Es importante destacar que el cumplimiento total del acuerdo tiene como efecto la extinción de la acción penal respecto al imputado que intervino en él. 

En caso de existir varias víctimas por un mismo hecho, se pueden suscribir diversos acuerdos, pero se computarán como uno solo a efectos de la limitación de los tres años.

¿Cómo se garantiza el derecho a la reparación del daño?

El derecho a la reparación del daño en el proceso penal venezolano se garantiza a través de diversos mecanismos legales y principios fundamentales establecidos en el Código Orgánico Procesal Penal. 

La reparación del daño es uno de los objetivos principales del proceso penal, y tanto los jueces como los fiscales tienen la obligación de velar por su cumplimiento.

Los mecanismos para garantizar este derecho son los siguientes:

1. El Ejercicio de la Acción Civil

La víctima o sus herederos pueden ejercer la acción civil para la restitución, reparación e indemnización de los daños y perjuicios causados por el delito. Esta acción puede tramitarse de dos formas:

Ante el Tribunal Penal: Una vez que la sentencia condenatoria quede firme, se puede demandar la reparación ante el mismo juez o jueza que dictó la sentencia.

Ante la Jurisdicción Civil: La víctima mantiene su derecho de demandar por la vía civil de forma independiente.

Delegación: Si la víctima no tiene recursos socioeconómicos, puede delegar el ejercicio de la acción civil en el Ministerio Público o, en casos de violaciones de derechos humanos, en la Defensoría del Pueblo.

2. Acuerdos Reparatorios

Desde la fase preparatoria, el juez puede aprobar acuerdos reparatorios entre el imputado y la víctima cuando el hecho afecte bienes jurídicos patrimoniales o se trate de delitos culposos contra las personas. El cumplimiento de este acuerdo extingue la acción penal, garantizando así una solución rápida y efectiva para el daño causado.

3. Fórmulas Alternativas a la Prosecución del Proceso

Suspensión Condicional del Proceso: Para acceder a este beneficio, el imputado debe presentar una oferta de reparación del daño, que puede consistir en la conciliación con la víctima o la reparación natural o simbólica.

Principio de Oportunidad: En ciertos casos, el juez debe oír a la víctima antes de autorizar al Fiscal para prescindir de la acción penal, asegurando que sus intereses sean considerados.

4. Restitución de Objetos

El Ministerio Público debe devolver "lo antes posible" los objetos recogidos o incautados que no sean imprescindibles para la investigación. En casos de cosas hurtadas, robadas o estafadas, estas deben ser entregadas a su propietario en cualquier estado del proceso una vez comprobada su condición.

5. Procedimiento Específico para la Reparación del Daño

Una vez firme la sentencia condenatoria, existe un procedimiento detallado que incluye:

Demanda Civil: Debe contener la expresión detallada de los daños y la prueba que se pretende incorporar.

Orden de Embargo: Al admitir la demanda, el juez ordena el embargo de bienes suficientes del demandado para responder por la reparación y las costas.

Audiencia de Conciliación: El juez buscará que las partes lleguen a un acuerdo antes de pasar a la ejecución forzosa.

6. Responsabilidad del Estado e Indemnización

El Estado está obligado a indemnizar a aquellas personas que hayan sufrido privación de libertad por error judicial (sentencias anuladas por revisión) o cuando se declare que el hecho no existió o no era penal. La indemnización (judicial) se calcula tomando como base el salario de un juez de primera instancia por cada día de privación de libertad.

Finalmente, si no se puede establecer el valor real de los bienes sustraídos o dañados, el Fiscal o el Juez pueden solicitar a los peritos una regulación prudencial para determinar el monto de la reparación.

¿Puede la víctima apelar si no se adhirió a la acusación?

Sí, la víctima puede apelar determinadas decisiones judiciales, incluso si no se adhirió a la acusación fiscal ni se constituyó como querellante.

El Código Orgánico Procesal Penal reconoce la legitimación de la víctima para impugnar decisiones que afecten sus intereses de la siguiente manera:

1. Decisiones que puede apelar sin ser querellante

La ley es explícita al otorgar a la víctima el derecho de recurrir, independientemente de su estatus formal como parte en el proceso (adhesión o querella), en los siguientes casos:

El sobreseimiento: La víctima, aun cuando no se haya querellado, tiene el derecho de interponer recurso de apelación y de casación contra el auto que declare el sobreseimiento de la causa.

La sentencia absolutoria: El artículo 122 establece claramente que la víctima tiene el derecho de impugnar la sentencia que absuelve al acusado, sin que se le exija haberse constituido previamente como querellante.

La desestimación: Si el Ministerio Público solicita la desestimación de una denuncia o querella y el juez la admite, la víctima puede apelar esta decisión, se haya o no querellado.

2. Fundamento Legal

El derecho de la víctima a apelar sin haberse adherido a la acusación se sustenta en varios artículos:

Artículo 122, numeral 9: Establece como un derecho de la víctima (incluso si no es querellante) "impugnar el sobreseimiento o la sentencia absolutoria".

Artículo 307: Reitera que la víctima, "aun cuando no se haya querellado", podrá interponer recurso de apelación contra el auto de sobreseimiento.

Artículo 284: Indica que la decisión que declare con lugar la desestimación será apelable por la víctima, se haya o no querellado.

3. Importancia de la Notificación

Para garantizar este derecho, el tribunal tiene la obligación de notificar a la víctima sobre el sobreseimiento y otras decisiones trascendentales, aunque no haya intervenido activamente en el proceso o no se haya querellado.

En conclusión, la falta de adhesión a la acusación fiscal no impide que la víctima ejerza sus derechos de impugnación, ya que el proceso penal venezolano busca garantizar la protección y reparación de la víctima como uno de sus objetivos principales.

¿Qué derechos tiene la víctima para apelar una sentencia?

La víctima cuenta con facultades legales específicas para impugnar las decisiones que le sean desfavorables, garantizando su derecho de acceso a la justicia. Estos son sus derechos y los mecanismos para ejercerlos:

1. Decisiones que puede impugnar

La víctima tiene el derecho expreso de impugnar el sobreseimiento (decisión que pone fin al proceso antes de la sentencia) y la sentencia absolutoria (que declara la inocencia del acusado).

Además, puede apelar otras decisiones judiciales como:

• La resolución que rechaza la querella.
• La decisión que ordena la desestimación de una denuncia o querella.
• La decisión que niegue la práctica de una investigación preliminar en delitos de acción privada.
• La decisión que declare la inadmisibilidad de una acusación privada.
• El auto que declare el abandono o desistimiento de la acusación privada.

2. Legitimación (Incluso sin ser querellante)

Un aspecto fundamental es que la víctima puede interponer recursos de apelación y de casación contra el auto de sobreseimiento aun cuando no se haya constituido como querellante. Sus derechos de protección y reparación son objetivos del proceso penal, y los jueces deben garantizar la vigencia de estos derechos en todas las fases.

3. Tipos de recursos disponibles

Recurso de Apelación: Se interpone ante el tribunal que dictó la decisión. Si se trata de un "auto" (como el sobreseimiento), el plazo es de cinco días tras la notificación. Si se trata de una sentencia definitiva, el plazo es de diez días.

Recurso de Casación: Procede contra las sentencias de las Cortes de Apelaciones. La víctima puede interponerlo si en su acusación particular propia o privada solicitó una pena privativa de libertad que en su límite máximo exceda de cuatro años, o si la sentencia condena a penas superiores a ese límite.

Recurso de Revocación: Procede contra autos de mera sustanciación para que el mismo tribunal que los dictó examine de nuevo la cuestión.

4. Condiciones para recurrir

Agravio: La víctima sólo puede impugnar las decisiones que le sean desfavorables.

Efecto suspensivo: Por regla general, la interposición de un recurso suspende la ejecución de la decisión, a menos que la ley disponga lo contrario.

Asistencia jurídica: La víctima puede delegar su representación en un abogado de confianza o en el Ministerio Público para que ejerza estos recursos en su nombre.

Es importante destacar que el Ministerio Público también tiene la obligación de ejercer recursos contra las decisiones que afecten los intereses de la víctima, especialmente si esta se lo delega o no asiste al juicio.